MAESTROS – 1ª Parte:
Don Zacarías, Don Julián y Don Celestino
A don
Zacarías lo salvó la gente buena de Población de Valdivielso. Otros quisieron
su perdición o les importó poco contribuir a ella. Veamos qué pasó.
Nacido el 1 de
noviembre de 1908 en Diego Álvaro, lugar perteneciente al municipio de Diego
del Carpio, en la provincia de Ávila, DON ZACARÍAS MARTÍN MUÑOZ consiguió su
título de maestro de Primera Enseñanza en enero de 1930. Trabajó como maestro
interino en su pueblo natal durante 5 meses, hasta septiembre del mismo año.
Ocupó su plaza como maestro propietario en Población de Valdivielso en
noviembre de 1930. Era pues un novatillo que acababa de cumplir 22 años, con el
título recién sacado. Seis años y medio más tarde, en mayo de 1937, se le
dictaminó una sanción consistente en privación de haberes de dos meses de
sueldo, traslado forzoso a otra plaza dentro de la provincia e inhabilitación
para ejercer cargos directivos y de confianza.
Don Zacarías
vivió en Población los años de la 2ª República, pero también le pilló allí el
golpe militar de julio de 1936, el estallido de la Guerra Civil, y la oprobiosa
medida consistente en la apertura del llamado «expediente de depuración». Como
ya expliqué en otra ocasión, el asunto era que aquellos enseñantes habían sido
maestros de la República, y tenían que convertirse en maestros del nuevo
régimen o, como se decía entonces, ser «afectos al Movimiento Salvador de
España». A partir del 18 de julio, y regulado luego por una ley del 8 de
noviembre de 1936, se inicio un proceso en el que
todos los maestros de enseñanza pública y privada, y en general todos los
profesores desde la enseñanza primaria hasta la universidad y las Escuelas
Normales, tenían que solicitar su confirmación en el cargo mediante un escrito
en el que declaraban su adhesión al «Glorioso Alzamiento Nacional» y su deseo
de colaborar con la «Cruzada de Liberación». Se creó al efecto, en cada
provincia de la zona sometida por las fuerzas golpistas, una Comisión Depuradora
del Magisterio Nacional que abrió a cada maestro un Expediente de Depuración. *
En el caso
de don Zacarías, entre septiembre de 1936 y enero de 1937, declararon en su
contra el párroco don Pedro López, el alcalde Maximiliano García, y el
comandante del puesto de la Guardia Civil, Eladio Muga González, así como
Venancio Sedano, uno de «los padres de mejor reputación» del pueblo. Al
responder a las preguntas del formulario, coincidían todos ellos en decir que
el maestro simpatizaba con la izquierda, que desde el advenimiento de la
República no había cumplido los deberes religiosos y que leía el Heraldo de
Madrid. El más duro fue el párroco y el más benevolente Venancio Sedano, por lo
que me inclino a pensar que este último actuó obligado por alguna circunstancia.
Todos los declarantes reconocían que, al menos, don Zacarías tenía fama de buen
maestro, que se relacionaba bien con los vecinos, que tras el Alzamiento no
había dejado de acudir la iglesia, y que había empezado a impartir enseñanza
religiosa cuando el nuevo régimen se lo había impuesto.
Según esto,
la Comisión Depuradora elaboró un pliego de cargos con fecha 30 de abril de
1937 donde se acusaba a don Zacarías Martín Muñoz de :
« 1) No haber cumplido con ninguno de los deberes religiosos desde el advenimiento
de la República hasta el Movimiento Salvador. 2) Ser simpatizante con la
política de izquierdas; haber sido adjunto por las izquierdas en las elecciones
del 16 de febrero, y ser lector de prensa izquierdistas, tal como el Heraldo de
Madrid.» Se le daba opción a presentar escritos y documentos para defenderse,
cosa que hizo el maestro escribiendo uno de su puño y letra. Sin embargo, lo
más impresionante fue la carta presentada y firmada por 32 vecinos y vecinas de
Población, con fecha 12 de mayo de 1937, defendiendo a su maestro. Podéis
leerla en una de las fotografías que acompañan a este texto. Emociona esta
muestra de valentía en una época en que denunciar era fácil, pero defender a
alguien que había sido denunciado podía resultar arriesgado. Personalmente me
he sentido orgullosa al ver la firma de mi querida tía abuela Feliciana Garmilla, y la de Primitivo Landeta,
primo carnal de mi bisabuela Paula Alonso Landeta.
¡Olé por la familia de Población! También con fecha 12 de mayo de 1937 hay un
documento firmado por el juez municipal don Manuel López Bustamante y por el
secretario del juzgado don Domingo Castilla Rámila, certificando que don
Zacarías había estado como adjunto en la mesa electoral en las elecciones de
febrero del 36 porque así le había correspondido por orden alfabético. Con eso
rebatían la acusación de haber sido «adjunto por las izquierdas», la cual solo
la había formulado el párroco.
En su
dictamen del 7 de junio de 1937, la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional
de Primera Enseñanza de Burgos tiene en cuenta las firmas de los vecinos, los
informes y rectificaciones favorables, y considera que está claro que don
Zacarías «aparece como buena persona» y «como buen maestro». No obstante, la
Comisión, empecinada en que el buen chico era rojillo y, textualmente, “un mal
ejemplo para el pueblo”, se reafirma en las sanciones propuestas y, atendiendo
a ellas, la Comisión de Cultura y Enseñanza pasó al Rectorado de Valladolid,
que para Burgos era entonces la autoridad suprema, la propuesta de condena de
don Zacarías a dos meses de suspensión de haberes (medio sueldo durante cuatro
meses), a ser trasladado a otra escuela y a quedar inhabilitado para ejercer
cargos directivos y de confianza.
Según he
podido leer en varias cartas de alcaldes dirigidas a la Inspección Provincial
de Primera Enseñanza, sucedió que en septiembre y octubre de 1936, y aún peor
en las mismas fechas del 37, había en la provincia de Burgos, y en otras, una
enorme escasez de maestros, ya que unos estaban movilizados en el frente
franquista, otros en el republicano, otros se encontraban en la cárcel, algunos
habían sido ejecutados, otros estaban huidos o desaparecidos, y sobre algunos
pesaba la suspensión definitiva de empleo con prohibición de ejercer la
enseñanza… Por lo tanto, era muy difícil encontrar un maestro o maestra
suplentes, y trasladar a un maestro o una maestra a otra población suponía en
muchos casos dejar sin clases a sus alumnos. Con esta situación, algunos
alcaldes se pusieron nerviosos y escribieron a la Inspección pidiendo que,
aunque solo fuera provisionalmente, no les quitaran el maestro, a pesar de los
informes en contra que ellos mismos habían firmado. Y así fue que desde el
Rectorado de Valladolid, a través de la
Inspección Provincial de Primera Enseñanza de Burgos, se permitió en noviembre
de 1936 que algunos maestros sancionados por acusaciones menos graves o poco
claras se reincorporasen provisionalmente a su plaza, en calidad de «no
sustituidos por informes dudosos emitidos por los señores alcaldes». De esta
manera, aunque con propuesta de sanción, se quedó don Zacarías provisionalmente
en la escuela de Población hasta el final de la guerra, en la incertidumbre de
no saber cuánto duraría aquella situación, aunque se tranquilizaría un poco
viendo que algunos de sus acusadores plegaban velas, como fue el caso del
párroco, don Pedro López, el cual, dos días después de que los 32 vecinos y
vecinas suscribieran el informe favorable, se avino a firmar un escrito
alabando la buena conducta moral del maestro y diciendo que tampoco era tan de
izquierdas. Asimismo el alcalde de la Merindad, desdiciéndose de lo declarado
en enero de 1937, informó «favorablemente en el orden político, religioso y
social» en septiembre de 1937.
Fue una
suerte que no se aplicara inmediatamente la medida de traslado a otro pueblo,
al que don Zacarías, como fue el caso de otros maestros, habría llegado como un
represaliado político, o sea, como un apestado al que cualquier suspicaz o
cualquier oportunista podría haber hecho la vida imposible. Por el contrario,
el maestro pudo continuar en un pueblo donde muchos vecinos le arropaban. No
obstante, don Zacarías no fue confirmado en su plaza y no vio cerrado su
expediente hasta cuatro meses después de terminar la guerra. Tras crearse en 1938
el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Superior Dictaminadora de
Expedientes de Depuración, pasando por alto los dictámenes dudosos de las
autoridades académicas y de las comisiones provinciales, dictaminó, por fin, a
finales de agosto de 1939, la confirmación en su cargo de don Zacarías Martín
Muñoz. Más de 3 años de calvario, o al menos de incertidumbre, para un maestro
que se quedaría durante décadas en Población, formando allí una familia con su exalumna Purificación Palencia, y gozando siempre del
merecido aprecio de sus alumnos y del vecindario en general.
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Un poco más
larga fue la resolución del expediente de DON JULIÁN PEREDA CANO, maestro
interino de Valdenoceda, que no fue confirmado en su
cargo por la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración hasta
el 20 de marzo de 1940. Pero su historia es, en lo esencial, muy parecida a la
de don Zacarías, aunque más complicada. El 18 de julio de 1936 hacía
exactamente 4 meses que don Julián había llegado a Valdenoceda,
pero el alcalde de la Merindad, don Maximiliano García, ya lo tenía fichado en
agosto del mismo año y decía de él que «se dejaba entrever ideas llamadas
avanzadas e indiferencia religiosa». El 19 de septiembre de aquel fatídico
1936, también el párroco, don Isidoro Fernández, lo tenía enfilado, porque el
maestro, aunque se había manifestado «poco en el orden político», lo había
hecho «con sentido izquierdista». Además no iba a la iglesia y era suscriptor
del Heraldo de Madrid (¡Otro que tal! Sin enterarse de que en Valdivielso había
que enseñar a leer solo El Debate y el Diario de Burgos y nada más… ¡ayayay!).
Padres de familia como Joaquín Mata Arce o Darío García Ruiz de Huidobro
declaraban lo mismo, añadiendo este último que el maestro pertenecía a la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT).
En los
formularios cumplimentados en enero y febrero de 1937, vuelven a declarar todos las mismas cosas, pero añaden que don Julián Pereda
Cano está ausente desde que se fue de vacaciones y que probablemente esté en
zona roja, pero no saben dónde. El único que sí parece saberlo es el comandante
del puesto de la Guardia Civil, Eladio Muga, el cual afirma que el maestro está
en San Pelayo desde el 11 de julio, y declara que don Julián «procedía de
familia muy religiosa y gozaba de buenas simpatías sociales, pero simpatizaba
con el régimen de izquierda moderada.» Todos los declarantes, además de
formular las acusaciones de izquierdismo e indiferencia religiosa, coincidían
en afirmar que don Julián era buen maestro, cumplidor, y que se llevaba bien
con la gente del pueblo. ¡Menos mal!
Julián
Pereda había nacido el 1 de abril de 1913 en San Pelayo de Montija
y era maestro nacional de Primera Enseñanza desde julio de 1931. Después de
estar destinado durante casi dos años en Villatomil y
menos de un mes en Bercedo, estuvo durante más de un
año sin trabajar en la enseñanza, hasta que llegó a Valdenoceda
el 18 de marzo de 1936. Se le consideró cesado a partir del 30 de agosto de
dicho año, por encontrarse en zona republicana y no acudir a su escuela de Valdenoceda el 1 de septiembre. En el pliego de cargos la
Comisión Depuradora le imputaba a 1 de julio de 1939 todo lo que habían
afirmado los declarantes de Valdenoceda: «1º No cumplir
en absoluto con sus deberes religiosos; 2º Ser izquierdista y estar suscrito al
Heraldo de Madrid; 3º Haber pertenecido a Trabajadores de la Enseñanza».
Para que le
levantaran la suspensión y poder reincorporarse al magisterio una vez
finalizada la guerra, don Julián Pereda Cano tuvo que rebatir las acusaciones
que procedían de Valdenoceda y explicar lo que había
hecho durante aquellos años. Para ello le bastó con presentar un escrito del
cura sirviente de su pueblo, don Eliseo González y González, que también era
ecónomo de San Miguel Arcángel de Bercedo, y que
además había sido «alférez provisional capellán» y capitán del Tercio de
Requetés de Santa Gadea, y al mismo tiempo otro escrito del alcalde del pueblo
de San Pelayo de Montija, don Santiago Cano y Cano.
El cura de San Pelayo, a 18 de julio de 1939, declaró que el maestro nunca
había faltado a sus deberes religiosos, pues, mientras estaba en Valdenoceda, se desplazaba todos los sábados a San Pelayo y
allí acudía siempre a oír la misa dominical. Por su parte, el alcalde, a 10 de
julio de 1939, declaró que don Julián había acudido a pasar las vacaciones
estivales en San Pelayo y, en los primeros días de septiembre de 1936, había
sido detenido junto con su padre por los republicanos que entonces controlaban Montija, siendo ambos encarcelados y sufriendo vejaciones y
malos tratos; que luego fue enrolado en el ejército republicano a la fuerza,
porque llamaron a la quinta del 34, que era la suya, y que lo llevaron a
combatir a Santander, pero que Julián nunca tuvo mando alguno en el ejército.
La Comisión
Depuradora, a la vista de estos testimonios, optó por desestimar las
acusaciones y dictaminó el 26 de octubre de 1939 que don Julián Pereda Cano
debía ser confirmado en su cargo. Sin embargo, don Julián nunca regresó a Valdenoceda. Se fue a trabajar a Agüera de Montija, constando allí su vuelta a la enseñanza con
antigüedad del 1 de julio de aquel año de 1939. En 1955 se trasladó a Arizgoiti (Bizkaia).
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Poca es la
información que hay sobre el extraño caso de DON CELESTINO DELGADO SAGREDO,
maestro de Panizares, porque su expediente de
depuración no aparece en el Archivo General de la Administración (AGA), que es
donde se guardan todos los expedientes. Afortunadamente en el Archivo Histórico
Provincial de Burgos sí están guardados un dictamen de la Comisión Depuradora
Provincial y un par de listados en los que este maestro figura. Además, pueden
encontrarse algunos datos personales en las hemerotecas. Celestino Delgado Sagredo nació el 30 de abril de 1909; obtuvo el título de
maestro el 1 de abril de 1932; ingresó en el Magisterio Nacional en septiembre
de 1935. Llegó a la escuela de Panizares como maestro
interino para cubrir la plaza de don Antonio Fernández Robador, que había
llegado a Panizares en mayo de 1900 y se jubilaba a
los 70 años de edad en junio de 1936. Don Celestino Delgado Sagredo
daría clases apenas durante un mes antes de las vacaciones de verano, y sería
suspendido de empleo y sueldo por orden del Rectorado de Valladolid con fecha
16 de septiembre de 1936.
Lo curioso
del caso de don Celestino es que todos los párrocos de los pueblos en los que
había trabajado como maestro dieron informes favorables sobre él. Sin embargo,
desde Presencio, municipio situado a 26 km al sur de Burgos, un pueblo en el
que nunca había trabajado, partió una dura denuncia que llegó a la Comisión
Depuradora en agosto de 1936. En el Dictamen de la Comisión Depuradora
Provincial del Magisterio de Primera Enseñanza de Burgos se dice que don
Celestino Delgado Sagredo fue denunciado por el
párroco y por otro sacerdote de Presencio en un escrito dirigido al Rector de
la Universidad de Valladolid, presentándolo como, textualmente, «izquierdista
furibundo y propagandista». Esto hizo que la Comisión le abriera expediente y
le declarara suspendido de empleo y sueldo. A continuación la Comisión pidió
informes a los pueblos en los que este maestro había trabajado. Los párrocos de
Casalarreina, Olmillos de Sasamón
y Panizares de Valdivielso enviaron informes
«enteramente favorables». Ante la contradicción existente, al cabo de un tiempo
la Comisión pidió de nuevo los informes, y estos de nuevo fueron favorables
para el maestro, añadiéndose esta vez los de los comandantes de los puestos de
la Guardia Civil de Olmillos y de Santa María del Campo (de este último puesto
dependía Presencio), que también fueron favorables, aunque ambos comandantes
admitían que había rumores de que don Celestino podía ser de izquierdas o
simpatizar con elementos de izquierda, pero que solo eran rumores, que nunca
había expresado nada en público, que era muy reservado, y que no podían decir
nada malo de él.
En su
respuesta a las acusaciones, don Celestino Delgado Sagredo
las achaca a una enemistad entre él y una familia de nombre Maté. A esta
familia pertenecía el presbítero de Presencio don Ezequiel Maté Álvaro, que es
uno de los denunciantes. Sobre este asunto don Celestino presentó un relato
escrito, al cual se hace referencia en el dictamen, pero del que no se da
detalle alguno, con lo cual no sabemos qué le había sucedido con dicha familia
de Presencio. Adjunta asimismo un certificado médico para justificar una
enfermedad digestiva que le hacía tener bajas con frecuencia. El tiempo de esas
bajas, así como el de las vacaciones de verano, lo pasaba don Celestino en
Presencio. En otro orden de cosas, también alegó que en Panizares
«el cartero solo le entregaba el “Diario de Burgos” y “El Magisterio Español”,
y presentó un recibo de suscripción a “El Castellano”».
El dictamen,
fechado a 15 de septiembre de 1937, concluye considerando que la denuncia se
contradice con los informes favorables, mencionando especialmente el de Panizares, y finaliza con la propuesta de que el maestro
fuera repuesto en su cargo y se le abonaran los haberes correspondientes al
tiempo en que había estado suspenso.
Don
Celestino Delgado Sagredo se trasladó en 1943 a Ciadoncha, y en mayo de 1950 a Mazuela, localidades
próximas a Presencio. En Mazuela estuvo hasta 1970, año en que se trasladó a
Burgos capital. Contrajo matrimonio con Nicolasa Puente Martínez el 5 de
febrero de 1940 en la iglesia de San Esteban en Burgos. Falleció en Burgos el 4
de febrero de 1977. Y no sabemos más. ¿Dónde había nacido don Celestino Delgado
Sagredo? En el dictamen no se dice que fuera natural
de Presencio. ¿Por qué acudía con tanta frecuencia a este pueblo? ¿Cuál era su
relación con la familia Maté? Ignoro la causa de la acusación /persecución por
parte del brillante don Ezequiel Maté, doctor en filosofía, presbítero de
Presencio, cura ecónomo de San Nicolás en Burgos, profesor de filosofía desde
1916 en la Universidad Pontificia de Burgos, y desde 1927 capellán de las Hijas
de la Caridad de Barruelo de Santullán
(Palencia) y de la Sociedad Minera de este mismo pueblo. ¿Por qué desapareció
la carpeta del expediente de depuración de don Celestino, cuando todos los
demás expedientes de maestros de Valdivielso quedaron tan bien guardados? Salvo
que alguien pueda aportar alguna aclaración, don Celestino queda como el
maestro más misterioso que ha pasado por Valdivielso.
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En realidad,
dejando a un lado las humillaciones que suponían las injerencias de alcaldes,
de párrocos, y de cualquier vecino, en su vida privada o en sus creencias
religiosas o en su libertad de pensamiento, resumiendo, unos abusos que
sufrieron en distinto grado todos los maestros, hay que decir que en
Valdivielso los únicos dictaminados negativamente fueron: don Zacarías Martín
Muñoz, maestro de Población, don Julián Pereda Cano, maestro de Valdenoceda, y don Celestino Delgado Sagredo,
maestro de Panizares, de los que aquí hemos hablado,
además de don Faustino García Nogal, maestro de Puentearenas,
al que dedicaré un artículo en exclusiva por ser su caso especialmente grave,
dramático y doloroso. El resto de los maestros de la Merindad de Valdivielso
tuvieron solo buenos informes, no fueron suspendidos de empleo y sueldo en
ningún momento, y sus expedientes se resolvieron favorablemente, siendo
confirmados en sus cargos a 7 de mayo de 1937:
- don Mateo
Martínez Porres, maestro propietario de El Almiñé;
- don Eliseo
Armiño Revuelta, ídem de Arroyo;
- doña
Rufina Condado Díez, ídem de Quecedo;
- don José
Pérez Caldevilla, maestro interino de Quecedo;
- doña
Encarnación Mendieta Cortázar, maestra propietaria de Quintana;
- don
Marcial Martín González, maestro interino de Toba;
- don
Anastasio Jesús Gómez Lázaro, ídem de Valhermosa;
- doña
Araceli Cuadrado López, ídem de Tartalés;
- doña Restituta Alonso de Leciñana y
Pérez, maestra propietaria de Santa Olalla;
y a 11 de junio de 1937:
- don
Nicolás Alonso Angulo, maestro propietario de Condado;
- doña Hervilia Gómez Ausín, maestra
propietaria de Hoz.
Como es
sabido, todos ellos quedaron obligados a impartir la doctrina política del
nuevo régimen, a enseñar a los niños que debían levantar el brazo y que tenían
que practicar un catolicismo obligatorio. En todo el país, las convicciones
personales de los docentes fueron acalladas, y la libertad de cátedra dejó de
existir. Así empezó un larguísimo periodo de nuestra historia durante el cual
las libertades y los valores democráticos que ahora consideramos fundamentales
fueron negados y suprimidos desde esa raíz del conocimiento que es la escuela,
y la voz de los maestros fue acallada con el miedo a perder el puesto, o a
cosas peores, si intentaban inculcar esos valores que son imprescindibles para
una convivencia sana.
Ochenta años
después de aquella infamia, podemos llorar una vez más, sí, pero también
apretar los puños con la cabeza muy alta, al escuchar la canción del poeta que
se nos ha ido:
PATXI ANDION
– El Maestro (1973)
https://youtu.be/NGgk37MXnk4
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*[En
principio, en los expedientes de depuración se trataba de reunir información,
que podía ser favorable o desfavorable, «tanto en el orden político, como en el
religioso y social». Para ello se diseñó un impreso lleno de preguntas en el
anverso y en el reverso de un folio. Estas preguntas se agrupaban en bloques
relativos a: conducta profesional, conducta social, conducta particular,
actuación política y «otros datos». Por ejemplo, en el apartado de conducta
social se formulaban preguntas tan ambiguas como «¿En
qué relaciones estaba o está este maestro con las autoridades?» y «¿Se mezcló
en asuntos de obreros o del campo?». En cambio, otras preguntas son muy
concretas. Así, en el apartado de actuación política se pregunta: «¿Estaba afiliado a algún partido del Frente Popular? ¿Y a
la Masonería, a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza o a alguna otra
entidad parecida?» También se preguntaba si la maestra o el maestro cantó con
los niños la Internacional, o si celebraba con ellos la fiesta del crucifijo,
si hacía propaganda izquierdista, si enseñaba doctrina cristiana, si hacía
propaganda política fuera de la escuela, o si en la escuela daba enseñanzas
patrióticas y colocaba la bandera… y etcétera, etcétera. Había en los distintos
apartados toda una serie de preguntas, muchas de las cuales pueden parecernos
hoy en día incluso absurdas, pero que buscaban definir sobre todo el perfil
político y religioso de cada maestro. Este cuestionario tenía que ser
respondido de manera individual por el párroco, el comandante del puesto de la
Guardia Civil, el alcalde del municipio y, en ocasiones, por alguno de los
llamados «padres de mejor reputación en el pueblo».]
Mertxe García Garmilla